Cataluña y Canarias lideran el gasto público per cápita en justicia

Así lo destaca un estudio "pionero y único" encargado por la Consejería de Justicia de la Generalitat y realizado por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) que ha analizado y comparado el gasto público en justicia en Cataluña con el resto de comunidades y otros países europeos.

Así, mientras Cataluña gasta 78 euros anuales por habitante, Madrid y País Vasco gastan 75, pero Valencia y Andalucía dedican 57 y 54 respectivamente; Navarra, 48, y Galicia 36. La media de las ocho comunidades con competencias es de 65 euros anuales por habitante.

En cambio, Cataluña gasta el 0,26 por ciento de su PIB, mientras que Andalucía le dedica el 30 por ciento, y Valencia el 0,27 por ciento. Quien le dedica menor proporción de su riqueza a la justicia es Navarra, con el 0,16 por ciento.

En otros parámetros, Cataluña lidera el ránking, con 857.000 euros gastados por juez, mientras que la media de las ocho comunidades es de 673.000. Por asuntos, Cataluña es segunda, con 460 euros por cada uno, mientras que el País Vasco es la primera, con 608 euros, y la media es de 338.

La justicia gratuita supone el 11,6 por ciento del gasto de la Generalitat en administración de justicia y el Govern gasta 7,2 euros por habitante y año en ella, el doble que en el 2000, superando a todas las autonomías. Canarias gasta 6,8. Mientras que la media de las comunidades con competencias es de 5,2 euros por habitante y año, el Ministerio de Justicia gasta sólo 2,8 euros por habitante en el resto de comunidades.

En comparación con Europa, Cataluña no sale tan bien parada, ya que la media de la Unión Europea de los 15 en gasto por habitante y año --sin contar el Reino Unido ni la justicia gratuita, que es muy dispar según el país-- es de 66 euros --Catalunya, 68--.

Luxemburgo lidera la clasificación con 115 euros, seguida de Suiza, Alemania y Bélgica, mientras que la cierran Irlanda y Grecia con 30 y 26 euros respectivamente.

En justicia gratuita las diferencias son notables, con unos 50 euros por habitante en el Reino Unido --todos los ciudadanos disponen de ella--, aunque la media europea es de 6,9 euros, 30 céntimos menos que Cataluña.

El gasto público en Cataluña se divide entre el realizado por el Gobierno central y el de la Generalitat, que en los últimos años han seguido trayectorias casi inversas. Tras la asunción de competencias por parte de la Generalitat en el pago de los salarios de los funcionarios judiciales en 1996, la Generalitat ha más que sextuplicado su gasto, pasando de 11 a 73 euros por habitante anuales --según sus cálculos--, mientras que el Estado ha mantenido su inversión sobre los 15 euros por habitante anuales, frente a los 38 que llegó a gastar en 1993, aunque sigue pagando el sueldo de jueces, fiscales y secretarios judiciales.

Esto supone que el gasto del Estado en Cataluña supone el 0,06 por ciento del PIB, mientras que el de la Generalitat sube hasta el 0,26 por ciento, cifras que la consejera de Justicia, Montserrat Tura, consideró ayer "insuficientes", así como que la justicia solo se lleve el 0,8 por ciento del gasto público en España.

Además, recordó en rueda de prensa que más del 70 por ciento del gasto va para salarios del personal, aunque en los últimos años --no contabilizados en el estudio-- se ha invertido mucha parte del presupuesto en nuevos edificios judiciales.

Otro de los aspectos analizados es el del porcentaje de dinero procedente del sistema de financiación autonómico que se dedica a justicia y que en Cataluña alcanza el 2,7 por ciento.

Para Tura, las cifras harán romper el tópico de que Cataluña tiene una justicia "tercermundista", pero el estudio servirá para evaluar qué es lo que falla para que la tramitación de casos no sea más rápida. Informó LA LEY.